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La justicia investiga la cesión de un pabellón de Feria Valencia a Teyoland

El juzgado de lo contencioso-administrativo número seis de Valencia ha declarado su competencia para conocer el recurso presentado por la Federación de Comerciantes de Muebles, Sillas y Sillones de la Comunidad Valenciana contra la decisión de Feria Valencia de ceder uno de sus pabellones para la instalación de la empresa de distribución del mueble Teyoland.

En un auto de fecha 10 de diciembre, el juzgado desestima la falta de jurisdicción alegada por la demandanda (Feria Valencia), quien había interpuesto un recurso de reposición contra la decisión de admitir a trámite la demanda con el argumento de que la entidad ferial es de “derecho privado”, que realiza actividades de “interés general” y no se encuentra en el ámbito de aplicación del Real Decreto Ley 3/2011.

Sin embargo, el juzgado, en el auto desestima el motivo de inadmisibilidad ya que de los estatutos de Feria Valencia se desprende que es una asociación “de utilidad pública” y porque una sentencia de 2001 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana concluyó que la entidad “tiene las características y naturaleza jurídica de un consorcio, como forma cooperativa, entre una administración local y otras administraciones y entidades privadas”, teniendo un “interés público”, postura que dimana del derecho europeo.

Por ello, considera el juzgado que se trata de una actuación administrativa sujeta al derecho administrativo por lo que es ésta la jurisdicción competente para conocer del recurso.

Teyoland, que se anunció como un Ikea español, ha desaparecido tal y como se concibió inicialmente, y se encuentra cerrada tras la entrada de nuevos inversores que han anunciado su intención de reabrir en los primeros meses del año que viene con un nuevo concepto.

Según fuentes cercanas al proyecto, entre las novedades estará probablemente abandonar la apuesta central del producto valenciano y español, sustituyéndolo en gran medida por importaciones asiáticas, así como abrirse a la venta de ropa y género textil, frente a la línea de mueble, jardín y decoración de la original Teyoland.

Aunque la línea mantenida por el expresidente de Feria Valencia Alberto Catalá, su sucesor, el también jefe de la patronal de la Comunidad Valenciana, José Vicente González, reconoció recientemente que desde 2009, según sus cálculos, el recinto forma parte del sector público porque desde entonces los ingresos privados son inferiores a la aportación de la Generalitat. Pese a ello, González considera que Feria Valencia debería poder alquilar sus pabellones como un actor privado, tras un nuevo diseño legal de la institución que tendría que contar con el aval del Gobierno autonómico.

En un comunicado, la federación del mueble ha destacado que los comerciantes del hábitat “han mostrado desde el principio sus dudas sobre la legalidad del proceso de implantación de este establecimiento comercial en un edificio público, adjudicado al margen de cualquier procedimiento que garantizara la transparencia y la libre concurrencia”.Resultado de imagen para muebles

En esta línea, ha añadido que la apertura de este “macro comercio” supuso “la quiebra de las más elementales reglas del mercado al situar a un competidor directo en una posición de ventaja frente al comercio tradicional del mueble”.

La entidad ha criticado que la postura de Feria Valencia en relación con los términos del contrato “ha sido la más absoluta opacidad y falta de transparencia, lo que ha obligado a la Federación a acudir a los tribunales de Justicia para conocer el contenido de ese convenio”.

Los comerciantes han expresado su “satisfacción” por la continuación del procedimiento ya que han asegurado que esto les permitirá “al fin, conocer las condiciones de la adjudicación del contrato de cesión del pabellón siete a Teyoland y los pormenores del mismo”.

La federación ha subrayado seguir “dispuesta a luchar a favor de los intereses de miles de comercios valencianos que han sido durante muchos años un motor importante de la economía valenciana”. En este sentido, mantiene la denuncia presentada sobre estos mismos hechos ante las autoridades autonómicas de la Competencia.

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